CIDH preocupada por Ley de Seguridad Interior

La ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Foto Carlos Ramos Mamahua/ archivo

Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación ante la inminente aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Senado, la cual “contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”, pues significaría la normalización, regulación y la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

“En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”, remarcó el organismo en un comunicado.

Enfatizó que en su visita al país en 2015, constató con preocupación la presencia del ejército en actividades de seguridad pública y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia de ello, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.

“La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las fuerzas armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la CIDH”.

En diversas ocasiones este organismo internacional ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas. “Se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.

Resaltó que las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente, la cual garantice a la población el efectivo ejercicio de sus derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado.

“Es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.

Reiteró su recomendación en el sentido de que el país desarrolle un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.

FUENTE: LA JORNADA

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