Cuarenta y cinco muertes argentinas y el futuro de las fuerzas armadas

Familiares de los tripulantes del ARA San Juan visitan la Base Naval de Mar del Plata después de una reunión con el ministro de Defensa el 1 de diciembre. Credit Mauricio Arduin/European Pressphoto Agency

Son muertes, tantas, tan distintas muertes —y en la Argentina no hay factor político más decisivo que la muerte—.

Muertes siempre han marcado el recorrido. La incompetencia municipal en el incendio de la discoteca Cromañón —194 muertos— en Buenos Aires en 2004 abrió el camino a un nuevo intendente que se llamaba Mauricio Macri; la simpatía por la muerte de su marido en 2010 le garantizó a Cristina Fernández la reelección presidencial en 2011; las 51 personas que mató un tren obsoleto en la estación de Once hicieron que millones se preguntaran por el Estado y sus corruptelas y condenaran a ese gobierno.

Hace cuatro semanas un submarino con 44 tripulantes desapareció en el mar Austral: el ahora presidente Macri busca el momento para declararlos oficialmente muertos. Y hace dos semanas un joven de origen mapuche murió baleado por la Prefectura, una fuerza de seguridad. Son muertes tan distintas, historias que se chocan, debates que se cruzan.

El ARA San Juan era uno de los tres submarinos que componían la flota sumergida de la Armada de guerra argentina. Lo construyeron en Alemania en 1983; en 2014 lo renovaron en Buenos Aires y la presidenta Fernández lo echó al agua diciendo que navegaría treinta años más. Su desaparición puso en evidencia la precariedad de las Fuerzas Armadas Argentinas y lanzó la polémica: la tragedia del San Juan es la oportunidad que algunos esperaban para reclamar más medios para los militares.

Será un caso difícil. Durante décadas, en ese país de instituciones muy desprestigiadas no hubo institución más desprestigiada que sus fuerzas armadas. Habían hecho, en los setenta, todo lo necesario para lograrlo: desde el poder secuestraron, torturaron y asesinaron a miles de personas —con un pacto de sangre que dictaba que todos debían ensuciarse las manos para que ninguno pudiera acusar a los demás—.

En los primeros años de la democracia todavía pesaban: hubo presiones, juicios, condenas, intentonas golpistas. En 1994 la muerte de Omar Carrasco, un soldado conscripto castigado —torturado— por sus oficiales, provocó tal indignación que el gobierno de Carlos Menem tuvo que suprimir el servicio militar obligatorio. Las fuerzas armadas seguían decayendo y el sistema de poder argentino no sabía qué hacer con ellas: había dejado de necesitarlas.

Desde 1930 hasta 1983 los militares argentinos habían sido el reaseguro de los ricos argentinos: cuando un gobierno democrático no les servía —porque era populista, porque molestaba a las grandes corporaciones, porque no conseguía reprimir lo suficiente—, el ejército daba un golpe de Estado y lo solucionaba. Pero a partir de 1983 la democracia se bastó para asegurar que no hubiera desviaciones: que el capitalismo de mercado no sufriera amenazas.

El ejército se quedó sin función, y no encontró una nueva. Solo una vez en todo el siglo XX debió pelear contra otro ejército: fue en 1982, en las Islas Malvinas, y su derrota fue completa. Fuera de eso, la Argentina lleva 150 años sin guerras exteriores. Y, lo mejor: sin perspectivas de que haya.

Hace años que me pregunto qué hipótesis de conflicto real tienen las Fuerzas Armadas Argentinas. No es fácil conseguirles enemigos. Con los ingleses ni hablar, porque son mucho más fuertes. Y los vecinos no son una amenaza: la posibilidad de que vayamos a la guerra con Chile por diez leguas de hielos continentales o contra Paraguay por el agua de un estero o contra Brasil por un casino en Iguazú o un penal mal cobrado es cada vez más tenue. El mundo actual está lleno de organizaciones y mecanismos para que eso no suceda, y el nivel de conflicto al que —eventual, remotamente— podríamos llegar con ellos es perfecto para que lo solucione una de esas mediaciones.

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Es una suerte porque, de todas formas, las Fuerzas Armadas Argentinas no están a la altura. El país, perpetuamente en deuda, gasta menos del 1 por ciento de su presupuesto en defensa, casi la mitad que el resto de los países latinoamericanos. Y más del 80 por ciento de ese presupuesto se va en sueldos: en las últimas décadas la proporción de oficiales superiores se ha disparado; como el resto del Estado, las fuerzas armadas son un refugio de burócratas. Otro 15 por ciento del dinero sirve para mantenimiento y gastos corrientes; les queda menos del 5 por ciento para renovar sus equipos viejísimos.

O sea que la Argentina tiene unas fuerzas armadas que ni siquiera son competitivas. América Latina sigue llena de pobres pero nuestros vecinos han gastado fortunas en armarse y tienen ejércitos muy superiores. Nos quedan dos opciones: sumarnos de atrás a una carrera carísima que vamos a perder de cualquier modo, o hacer de necesidad virtud y declarar que no queremos ni precisamos un ejército, transformar a la Argentina en un país desarmado —o relativamente desarmado— y decir que somos los más buenos y razonables y maravillosos. Y quizás, incluso, alguien nos crea. Nosotros mismos, por ejemplo.

Así, además, el Estado podría gastar ese dinero en combatir las verdaderas amenazas: la pobreza, la marginación y, con ellas, el aumento de la delincuencia, la difusión del narco, la violencia presente. Podría gastarlo incluso en entrenar cuerpos de orden público que supieran hacer su trabajo sin matar. Podría gastarlo en pagarles bien, así no se venden a las mafias. Podría incluir en esos cuerpos a los militares que quisieran reciclarse y se lo merecieran.

El proceso no sería complicado. Todo consiste en preguntarse si es necesario tener un ejército: para qué. En volver a estudiar, por ejemplo, a Costa Rica, ese país que, en la región más violenta del mundo, lleva décadas sin él y vive mucho mejor que sus vecinos armados. Pensar si sirve o no sirve: analizar la situación geopolítica, sopesar sus usos reales, discutirlos en serio.

Algunos de sus defensores argumentan, si acaso, que las fuerzas armadas están para defender nuestros recursos naturales. Es otro triunfo de la ideología —nacionalista— contra la realidad: es el Estado argentino el que entrega motu proprio sus recursos a la Barrick Gold o a la Exxon, el que insiste en pedirles que vengan.

Todo consiste en pensar en serio la cuestión, pero eso requiere un coraje que la clase política argentina nunca mostró. Un ejército es de esas cosas que no cuestionan. Hablan de él, se llenan la boca de frases rimbombantes. Parece como si alcanzara con su función mítica, simbólica: un país, para ser un país, debe tener ejército (y una aerolínea “de bandera”). El ejército existe porque existe, porque siempre existió; ya sería hora de invertir la carga de la prueba, demostrar por qué es necesario.

Es un debate que muchos temen. Para esquivarlo, lo más fácil es conseguirse un enemigo. Nada sirve más que un buen enemigo: lo saben bien todos los populismos. Un enemigo organiza a quienes lo enfrentan, los cohesiona aunque sean heterogéneos, les presta un sentido de propósito. Ahora, para volver a crear la sensación de que necesita a sus fuerzas armadas, la Argentina ha producido un enemigo nuevo.

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Cuando lo mataron, Rafael Nahuel tenía 22 años y participaba —dijo la Prefectura— de la toma de un cerro en un Parque Nacional de los Andes patagónicos junto con miembros de un pequeño grupo llamado RAM: Resistencia Ancestral Mapuche. Los mapuches son el grupo étnico que vivía en la Patagonia cuando el Estado argentino la ocupó por la fuerza en el siglo XIX; ahora más de cien mil de sus descendientes siguen en la zona, son pobres y nadie sabe bien qué hacer con ellos.

Es curiosa la relación de los biempensantes latinoamericanos con sus indios. Los llaman, en esta etapa de la culpa, pueblos originarios, como si hubieran crecido en las ramas de un ombú —o como si la historia no existiera—.

La historia dice que todos llegamos, alguna vez, a América. Los que ahora son originarios llegaron hace unos diez mil años. Y desde entonces fueron cambiando de lugares y poderes: un pueblo ocupaba un espacio, después otro lo sacaba de allí o lo sometía y después otro (como sucede en todas partes, penosamente, siempre). Pero el discurso oficial biempensante arma un cuadro ahistórico, idílico, estático en que, alrededor del año 1500, había pueblos originarios casi felices y muy legítimos y consustanciados con sus territorios, y llegaron unos señores malos y pálidos que los corrieron a guantazos.

Los señores los corrieron, en efecto, y eran malos, pero no más que otros, nacidos allí, que hacían lo mismo. No pretendo justificar la invasión española, avalancha de cruces y saqueos; solo decir que sus víctimas habían hecho lo mismo con otras víctimas unas décadas, un par de siglos antes. En Argentina, donde todo es más reciente, está muy claro: los mapuches que ahora penan en el sur andino entraron desde Chile a fines del siglo XVIII, y desplazaron a los originarios anteriores.

La causa de los pueblos originarios se ha convertido en uno de esos lugares comunes que parecen eludir todo debate. El indigenismo es la versión social de la vulgata ecologista: en una sociedad hecha de mezclas, que debe seguir mezclándose para reinventarse, progres claman por la tradición, la pureza, la “autenticidad” de los originarios. Es esa idea conservadora de detener la evolución en un punto pasado: esa idea que cierta izquierda comparte tan bien con la derecha, aunque la apliquen a objetos diferentes.

Progres defienden encarnizados los derechos de los aborígenes a seguir viviendo igual que sus tatarabuelos. Se empeñan en suponer que hay sociedades “tradicionales” que deberían conservar para siempre su forma de vida, y que lo “progresista” consiste en ayudarlos a que vivan como sus ancestros.

Por esa culpa, los biempensantes les suponen a los pueblos originarios más derechos que a los demás desposeídos. “La ley ofrece a los originarios lo que no ofrece a millones de compatriotas suyos, tan pobres como ellos. No digo que los ‘originarios’ no tengan tanto derecho como cualquiera a una vida digna; sí digo que tienen tanto derecho como cualquiera a una vida digna —ni más ni menos que esos muchos millones de pobres sin pureza de sangre, mixturados, tan poco originales—”, escribí hace unos años. Así estaban hasta que, últimamente, para una parte del público argentino, los mapuches se han convertido en otra cosa: ahora los llaman “terroristas” y son el enemigo.

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La cosa empezó en Chile hace más de diez años. Allí, donde son mucho más numerosos, existe una Coordinadora Arauco-Malleco —CAM— que ha lanzado atentados y ataques varios para “recuperar sus tierras”. En la Argentina la RAM apareció hace poco y fuentes del gobierno dicen que no son más de cien, pero los medios los están instalando como la peor amenaza.

El 25 de noviembre, mientras en Buenos Aires enterraban a Santiago Maldonado —la otra víctima del conflicto mapuche—, Rafael Nahuel recibió un tiro en una nalga y murió horas más tarde; la bala de 9 milímetros era de las que usan los comandos de la Prefectura. El gobierno habló de un “enfrentamiento”; las pericias, después, mostraron que ni Nahuel ni sus compañeros tenían rastros de pólvora en las manos: que no estaban armados.

No importa que sus acciones hayan sido menores: que ocuparan sin violencia algunos predios e incendiaran cuatro o cinco casas aisladas en la Patagonia —evacuando a sus ocupantes para no dañarlos—. No importa que no hayan matado a nadie: que, hasta ahora, los únicos muertos desde que empezó su “terrorismo” fueran dos “terroristas”.

No importa que no parezcan dar la talla: los medios, las redes sociales, los corrillos hablan y hablan de la amenaza del terrorismo mapuche. La RAM parece hecha a medida: esos muchachos proclaman que no son argentinos y que quieren formar una nación aparte; esas cosas que cualquier nacionalismo precisa para izar banderas y llamar a los salvadores de la patria.

Así que miles de voces se levantan para pedir que el Estado los acabe. Ese es el problema central: la resurrección de una idea que parecía enterrada. Ahora tantos dicen que si un cuerpo represivo ve a un terrorista, a un enemigo en situación hostil, está bien que lo mate; no piensan esa muerte como un error o un último pésimo recurso sino como un castigo justo: ellos se lo buscaron. Lo apoyan, lo aplauden.

El gobierno hace su parte: cuando le pidieron que investigara la muerte de Nahuel, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad”. Nada en la historia argentina la sustenta. Todo, en cambio, advierte sobre el riesgo de que el Estado justifique y aliente su propia violencia. Cuatro días después de la muerte de Nahuel se cerró la “megacausa Esma” —el juicio final de los secuestradores y asesinos del peor campo de concentración de los militares del 76— con la condena a cadena perpetua de 29 oficiales de la Marina, la Prefectura y la Policía Federal.

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En la Argentina ha aflorado, en estos días, esa fracción —numerosa, defensora del partido de gobierno— que pide bala: una fracción que quiere una pena de muerte que no tenga que pasar por la vergüenza de decir que existe.

Es un peligro. Hoy son mapuches, mañana quién sabe. El ayer, mientras tanto, también cambia de signo: los que ahora dicen que no está mal matar “subversivos apátridas” aprovechan para reivindicar a aquellos militares que, en los años setentas, los mataron por miles. Y proclaman que se merecen respeto y gratitud y más dinero para seguir siendo los guardianes de nuestra nación. Como lo eran, dicen, los mártires del mar.

Dos tragedias se cruzan: la muerte de un joven argentino, la muerte de 44 marineros argentinos. Hay quienes quieren usarlas para recuperar el lugar y el prestigio de unas fuerzas armadas que no parecen útiles. Ojalá algunos la vieran como una oportunidad para discutir la opción contraria: dejar atrás unas fuerzas armadas sin función visible, que hacen mal lo poco que hacen porque no tienen los medios ni los fines para hacerlo. Sería —por fin— un auténtico cambio, un camino nuevo: un ejemplo.

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