Arabia Saudita mandó expertos a eliminar las pruebas del asesinato de Khashoggi, según los turcos

Un monumento conmemorativo en recuerdo de Jamal Khashoggi afuera del consulado saudita en Estambul, Turquía, el mes pasado. Khashoggi fue visto por última vez en esa sede diplomática el 2 de octubre. Credit Yasin Akgul/Agence France-Presse — Getty Images

ESTAMBUL, Turquía — Más de una semana después de que agentes sauditas mataron al periodista Jamal Khashoggi en Estambul, un grupo de expertos fue enviado por Arabia Saudita para limpiar la evidencia del crimen. Un alto funcionario turco dijo el 5 de noviembre que el equipo aparentó que iba a colaborar en la investigación; esta declaración es la revelación más reciente en un caso que ha causado un gran escándalo internacional.

El periódico oficialista Sabah publicó información sobre el equipo de limpieza saudita y fotografías de dos de sus miembros, a quienes identificó como un químico y un toxicólogo, que visitaron el consulado donde Khashoggi fue asesinado.

El funcionario turco confirmó los detalles principales del informe y dijo que el grupo fue enviado con el conocimiento de los funcionarios sauditas de más alto rango. Ambos hombres viajaron a Turquía con la única intención de desaparecer las evidencias del asesinato antes de que autorizaran que la policía turca realizara una búsqueda en las instalaciones, dijo el funcionario a través de mensajes electrónicos.

El diario informó que los dos hombres fueron identificados como Ahmad Abdulaziz al Jonabi, el químico, y Khaled Yahya al Zahrani, el toxicólogo, quienes forman parte de un equipo de investigadores sauditas que pasaron varios días en Turquía y visitaron el consulado y la residencia del cónsul, supuestamente para colaborar con la investigación de la desaparición de Khashoggi.

El funcionario —quien habló con la condición de que se respetara su anonimato— confirmó los nombres de ambos individuos y dijo que formaban parte del equipo de limpieza.

Arabia Saudita ha detenido a dieciocho personas implicadas en el homicidio de Khashoggi, pero no ha dicho quién ordenó lo que los funcionarios turcos definen como el asesinato político de un crítico del gobierno saudita. Funcionarios de Turquía y de Occidente han indicado que es poco probable que un plan así se realizara sin la bendición del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, quien es considerado el gobernante de hecho y ha consolidado su poder desde el año pasado.

En un discurso en Ginebra el 5 de noviembre, Bandar al Aiban, el presidente de la comisión de derechos humanos de Arabia Saudita, prometió una investigación y castigo para los responsables, pero no dio a conocer nuevos datos sobre el caso. Al Aiban pronunció esas declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante un examen de los expedientes de derechos humanos del reino.

Turquía ha exigido —pero sin obtener resultados— que Arabia Saudita divulgue qué ocurrió con el cuerpo de Khashoggi, que se divulgue el nombre del “colaborador local” que un funcionario saudita ha dicho que ayudó a deshacerse de los restos mortales y que entregue a los dieciocho sospechosos para que enfrenten al sistema judicial turco.

A raíz del asesinato, diversas compañías internacionales han enfrentado presiones para cortar sus vínculos con Arabia Saudita, pero el 5 de noviembre el director ejecutivo de SoftBank de Japón dijo que esa institución continuará haciendo negocios con el reino.

El equipo de limpieza saudita llegó a Estambul el 11 de octubre, nueve días después de la muerte de Khashoggi, y visitó el consulado cada día desde el 12 hasta el 17 de octubre, según el diario Sabah. Los investigadores turcos no pudieron ingresar a la sede diplomática, que es considerada territorio soberano saudita, hasta el 15 de octubre. El periódico publicó fotografías de Al Jonabi y Al Zahrani saliendo del consulado y también publicaron imágenes de sus rostros que el editor de investigación del diario, Abdurrahman Simsek, afirma que fueron tomadas por las cámaras del aeropuerto.

Los hombres llegaron el mismo día que una delegación saudita que se reunió con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan el 11 de octubre, conforme los funcionarios turcos exigieron saber qué le había ocurrido a Khashoggi, un crítico del gobierno saudita que vivía en Estados Unidos y escribía artículos de opinión para The Washington Post. El periodista ingresó al consulado el 2 de octubre para una reunión acordada con anticipación con el fin de recolectar documentos que le permitirían casarse con su prometida turca, y nunca más se le volvió a ver.

Cuando el grupo identificado como un equipo de limpieza estaba en Turquía, los funcionarios sauditas todavía insistían que Khashoggi, de 59 años, había abandonado ileso el consulado y que ellos no sabían dónde se encontraba. Posteriormente, reconocieron que había sido asesinado en el consulado, primero describieron su muerte como el resultado accidental de una pelea y después lo calificaron de premeditado.

Turquía ha identificado a un equipo de quince funcionarios sauditas a los cuales ha acusado de ser los perpetradores del crimen, quienes llegaron a Turquía en las horas previas a la desaparición de Khashoggi y abandonaron el país el mismo día. Algunos de los quince resultaron ser agentes de seguridad cercanos al príncipe heredero y entre ellos se encuentra un renombrado especialista forense.

El caso Khashoggi ha empeorado las relaciones sauditas no solo con Turquía, sino también con Estados Unidos y algunos de sus aliados más cercanos, particularmente en Europa. También aumentó la atención sobre el papel de Arabia Saudita en la guerra civil en Yemen, donde las bajas de civiles continúan en aumento y han provocado llamados en Occidente a frenar la venta de armas a los sauditas.

El examen de las Naciones Unidas a los expedientes de derechos humanos en Arabia Saudita incluye exigencias de una investigación transparente del asesinato, pero representantes de varios países tomaron un enfoque más amplio para criticar al reino. Señalaron el frecuente y creciente uso en Arabia Saudita de la pena capital, incluida para ofensas no violentas, y acusaron a los sauditas de ejecutar a personas por ser disidentes políticos o religiosos.

FUENTE:THE NEW YORK TIMES

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